Jorge Álvaro Vergara Perales, carga con denuncias penales por delitos como fraude y aún así opera como titular de la Notaría Pública número 54

Jorge Álvaro Vergara Perales carga sobre su espalda con un historial de denuncias penales por delitos como fraude, suplantación de identidad y falta de probidad y, aún así, opera como titular de la Notaría Pública número 54, que se encuentra en El Obispado.

Vergara Perales obtuvo dicha notaría en el año 2020, tras haber fungido como notario suplente en otras previamente; sin embargo, en junio de 2021 fue acusado de fraude, y una vez más en el 2023, sin que eso derivara en perder su título de notario.

Entre sus víctimas está su exsocio, el notario 88, Gabriel Tláloc Cantú, de quien era suplente y fue quien lo denunció penalmente, así como su exrentera, una mujer de casi 100 años, a la que trató de despojarla de una casa para pagar deudas personales que tenía con una empresa.

Y, por si fuera poco, según fuentes, hasta a su madre, Guadalupe Perales, y a sus hermanas Valeria y Alexandra Vergara Perales, también las habría defraudado, pues se quedó con tres propiedades de la familia que incluyó en un fideicomiso del que no tenían conocimiento y usó para pagar más adeudos. Por este motivo, sus hermanas lo denunciaron penalmente a finales del 2023 y el caso está en curso.

Aun así, Vergara Perales se hizo de la notaría número 54 en el año 2020, donde despacha actualmente.

Para ser notario público, se tiene que contar con buena fama pública y conducta de probidad, pues de lo contrario se revoca la patente, según la Ley de Notariado.

Es público que quien lo demandó penalmente el 23 de junio del 2021 por los delitos de suplantación de identidad y falta de probidad fue el notario y exdiputado local, Gabriel Tláloc Cantú, al darse cuenta de que Vergara actuó ilegalmente cuando trabajaban juntos un año antes en la notaría 88.

Cantú procedió porque se dio cuenta de que siendo su suplente, Vergara usó la credencial de elector de su rentera, a quien le falsificó la firma para elaborar un poder y así adjudicarse una casa tiene un valor de entre $8 millones y $12 millones de pesos, según fuentes.

La casa se ubica en la calle Vía Savotino, número 620, colonia Fuentes del Valle, de San Pedro, la cual Vergara iba a entregar a una empresa con la que tenía deudas millonarias. La dueña de la casa se la rentó para que viviera con su segunda y actual esposa, Lorena Rocher Dávila.

La dueña de la casa, una comerciante de casi 100 años que, según fuentes allegadas al caso, es dueña una tienda de disfraces llamada Caperucita Roja, se enteró y le pidió a Cantú que procediera legalmente.

Vergara fue suplente de Cantú entre septiembre del 2015 a octubre del 2020, en cuyo años renunció para ocupar la titularidad de la notaría 54.

Antes había sido suplente del notario número 65, Marín Chavarría.

La notaría 54 se la habría entregado a Vergara Perales el exgobernador, Jaime Rodríguez Calderón, como pago de algún favor político. Además de la denuncia penal, también fue demandado ante la Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Notarios de Nuevo León para revocarle la patente ya de notario, pues los procedimientos penales ocurrieron cuando ya ocupaba la titularidad de la Notaría 54.

Según ha trascendido, Vergara tiene fuertes adeudos, por eso ha llegado al extremo de agenciarse propiedades de las que no tiene dominio.

»Es ludópata, tiene una vida irreal, paga publicaciones sociales para darse un status social que no tiene», afirmó uno de sus colaboradores.

Y los suegros también están acusados

Pero si fuera poco, los suegros de Vergara Perales también están acusados de fraude.

Jesús Rocher y Lorena Dávila, padres de Lorena Rocher Dávila, fueron vinculados en septiembre del 2022 a proceso en Saltillo por el delito de fraude en cuantía mayor.

Rocher está en prisión, pues el proceso continúa y Dávila está en libertad condicional, por lo que se tiene que presentar ante la autoridad mientras dura el juicio.

Según fuentes policíacas de Coahuila, ambos fueron aprehendidos el 19 de agosto del 2022 en su casa de la colonia San Patricio, de San Pedro, y luego fueron llevados a Coahuila, donde están los denunciantes.

Un grupo de inversionistas los acusan de un desfalco de más de $67 millones de pesos que les habrían entregado para invertirlos en una empresa de limpieza y desazolve de lodos en refinerías de Pemex.

Sin embargo, según el ministerio público de Coahuila, eso nunca existió.

Por tal motivo, están bajo proceso, uno en prisión en el vecino estado y el otro bajo condicionantes de ir a firmar y no salir del país.