Tulum, uno de los destinos turísticos más importantes de México, enfrenta una crisis ambiental y social que amenaza su sustentabilidad. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), bajo la dirección de Hugo Garza Sáenz, ha sido señalada por múltiples fallas en la gestión del agua: contaminación de mantos freáticos, cobros excesivos, falta de infraestructura sanitaria y presuntos actos de corrupción.
En la comunidad de Chemuyil, los habitantes han alzado la voz ante el mal funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. Según denuncias, esta instalación no opera correctamente, lo que ha provocado filtraciones de aguas negras hacia los mantos acuíferos, fuente principal del agua potable en la región. Esta situación ha derivado en brotes de enfermedades gastrointestinales, especialmente entre niños y adultos mayores.
Vecinos como Lorena Cruz han documentado los efectos en la salud de su comunidad. Por otro lado, Ariel López Novelo denuncia recibos de agua con montos de hasta 4 mil pesos, a pesar de que el servicio es intermitente o incluso inexistente. En otras zonas del municipio, se han reportado casos aún más extremos, como cobros de hasta 15 mil pesos mensuales sin justificación técnica.
El 70% de Tulum sin drenaje: “una bomba de tiempo” ambiental
El problema no se limita a Chemuyil. Colonias como La Veleta, CROC, La Ejidal, Tumben Kah y otras carecen de drenaje sanitario. Más de 28 mil personas viven sin acceso a una red de saneamiento adecuada, dependiendo de fosas sépticas mal diseñadas o pozos de absorción que contribuyen a la contaminación del subsuelo.
El ingeniero Manuel Aznar Pavón, expresidente del Colegio de Ingenieros de Tulum, ha advertido que el tipo de suelo kárstico de la región facilita la filtración de contaminantes hacia el acuífero. “Todo lo que se vierte en el suelo termina en el agua que bebemos”, señaló. Esta situación representa una amenaza directa al Gran Acuífero Maya, una de las reservas de agua dulce más importantes del país.
Además, el manejo de residuos sólidos también está en entredicho. El relleno sanitario de Tulum fue adjudicado a una empresa con vínculos políticos, lo que ha generado sospechas de corrupción y uso indebido de los recursos públicos. Mientras tanto, CAPA continúa recaudando millones de pesos por un servicio que, en muchos casos, no se brinda de manera efectiva.
La ciudadanía exige transparencia, rendición de cuentas y la creación de un Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) que supervise técnicamente las obras de infraestructura. Sin estas medidas, Tulum corre el riesgo de colapsar ambientalmente y perder su atractivo como destino turístico sostenible.
