Las medidas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han dejado sin subsidios para la contratación de seguro agropecuario a los productores primarios, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Además, la AMIS indica que esto se vio reflejado desde inicios de la administración y será mucho más intenso en 2021. En 2020, las aseguradoras reportaron una baja de más de 50% en el seguro agropecuario, lo que impactó en la contratación de pólizas para el agro.
Recomendaciones de la CEPAL
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su estudio “El seguro agropecuario en México: experiencias recientes” establece las siguientes recomendaciones.
Los fondos de aseguramiento son los organismos más idóneos para avanzar en el aseguramiento directo agropecuario. Son también, por sus características autogestionarias, los organismos mejor dotados para fomentar la cultura del seguro. Ya que los fondos nacen generalmente con escaso capital y se desenvuelven en condiciones financieras precarias, su desarrollo requiere del apoyo de una empresa reaseguradora.
El capital semilla para el inicio de los fondos deberá buscarse entre agencias gubernamentales del propio país como los ministerios de finanzas y de agricultura; de organismos internacionales y fundaciones.
Constituir fondos y apoyarlos una vez en operación mediante organismos de microfinanciamiento con los que tienen en común el ser propiedad de pequeños productores y realizar sus funciones con espíritu de cooperativismo y autogestión.
Una alternativa en el mismo sentido es tratar de constituir los fondos a partir de asociaciones locales o regionales de productores de una misma rama de actividad, por ejemplo, cafetaleros, maiceros, productores de cítricos, entre otros.
El seguro catastrófico deberá continuar su desarrollo (incluyendo en la protección los pastizales para la ganadería y otros riesgos en la agricultura), como una forma de protección dirigida a los segmentos de la población rural de bajos recursos.
Las aseguradoras privadas enfrentan el reto de disminuir sus costos operativos, para lo cual deberán explorar las posibilidades de delegar las tareas ahora muy onerosas de supervisión y ajuste de siniestros en despachos especializados, o bien apoyarse mutuamente entre aseguradoras realizando esas tareas según la presencia regional en la que tengan ventaja.
